Ciudad de México.- Cuando un Estado asume como propia una determinada religión, como sucede en los estados dictatoriales, teocráticos o confesionales, se ponen en riesgo los derechos civiles y se violentan las garantías individuales de quienes no profesan dicho dogma oficial. Esto es lo que sucedió en países que negaban la plena ciudadanía a quienes no confesaban la religión del Estado, y por ende, se establecía una inhabilitación de jure a quienes profesaban creencias diferentes que les impedía ocupar cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República. Por ello nos debe ocupar la abierta connivencia que por diferentes propósitos hemos venido presenciando entre jerarcas católicos y gente de los gobiernos.Debemos entender, que al margen de nuestras inclinaciones ideológicas o creencias personales muy respetables, la confesionalidad de un Estado contradice el principio de igualdad, propiciando exclusiones que el Estado es el principal obligado de erradicarlas. Aun cuando se reconozca el derecho a profesar cualquier creencia, la institución de una religión oficial en el Estado genera desequilibrios en las relaciones de poder entre sectores de diferentes credos. Por ello vale una reflexión ajena a ritos y jurisdicciones, pues si no logramos unirnos, día a día iremos perdiendo los espacios ganados con sangre de miles de mexicanos y nuestros ideales de igualdad, equidad social y respeto común, paulatinamente serán suplantados, lo que implica graves retrocesos en los avances por el respeto, la tolerancia y el crecimiento conjunto.
Los agravios se van acumulando y son del dominio común. El año pasado, el 24 de marzo, el gobernador de Jalisco anunció la donación de 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos de la época Cristera. Según estimaciones, el Santuario será dos veces más grande que la Basílica de Guadalupe y estará listo en 2012. Es decir, en las elecciones federales y de gobernador en Jalisco.
En conferencia, acompañado por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el mismo gobernador justificó el uso del dinero del erario asegurando que su interés es apoyar la creación de “infraestructura turística”, particularmente la de tipo religioso. Quienes antecedieron al mandatario, hicieron énfasis en las bondades espirituales y la atracción para los católicos de México y del mundo que supondrá visitar un templo como el que se pretende en el cerro del Tesoro. Previendo críticas afirmó que el Santuario, será para promover el “turismo religioso” y ahí, hizo entrega de un cheque por 30 millones, adelanto de los 90 que “donará”.
Tratamientos que también suelen implicar otras prerrogativas como en el pago de impuestos, en la formulación de contenidos educativos, de salud pública, de relaciones sociales y en la participación política. En varios países latinoamericanos, por ejemplo, afortunadamente no es el caso de todo México, la grey religiosa recibe subsidios del Estado para financiar actividades. Estas prácticas que otorgan beneficios a grupos particulares cuando las políticas públicas deben estar orientadas a la sociedad son discriminatorias. La concesión de privilegios resta legitimidad a grupos que profesan otras religiones o ninguna, desacreditándolos o relegándolos a posiciones subalternas y marginales.
Entendámonos, el laicismo es un principio indisociable de la democracia, porque las creencias no son un dogma que deban imponerse a nadie ni convertirse en leyes. Dicho de otra manera, un Estado laico garantiza una mejor convivencia al ordenar las actividades de los distintos credos, asegurando la igualdad de todos ante la ley, y en muchos casos sirviendo como herramienta para someter el sentimiento religioso, pretendiendo así anteponer los intereses generales de la sociedad civil sobre los intereses particulares.
Fuente: Ecos de la Costa
Escribe: Noé Guerra Pimentel
