Fuente: La JornadaEn poco más de un año, 12 estados han reformado sus constituciones para evitar la legalización de la interrupción del embarazo.
México, DF. En los últimos 13 meses, 12 de los 32 estados de México aprobaron reformas a sus constituciones que establecen que un óvulo humano fecundado es una persona y merece protección legal, mientras en otros siete los parlamentos estaduales avanzan en el mismo sentido.
¿Por qué esta avalancha? Organizaciones no gubernamentales creen que se trata de una gran reacción conservadora a una ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación y está en vigor en el Distrito Federal, asiento de la capital mexicana, desde abril de 2007.
La legalidad de esta ley fue ratificada en agosto de 2008 por la Suprema Corte de Justicia, que dictaminó que la norma no violenta la Constitución nacional de México.
La ola de reformas de las constituciones estaduales respondería, según voces críticas, a un pacto entre la jerarquía de la Iglesia Católica mexicana y las cúpulas de los partidos políticos más tradicionales, para frenar tendencias sociales favorables a la liberación del aborto voluntario.
"Es algo que no me consta, pero lo hemos escuchado con insistencia", dijo a IPS María Mejía, directora de la organización no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir.
Para María Luisa Sánchez, directora del Grupo de Reproducción en Información Elegida (GIRE), se trata de una especie "de venganza" de los grupos más conservadores. "Son reformas absurdas que ponen en riesgo a las mujeres", señaló la activista a IPS.
Los estados donde se han reformado las constituciones son gobernados por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se proclama socialdemócrata y gobernó este país por seis décadas. El PAN gobierna México con el presidente Felipe Calderón.
Los cambios a las máximas leyes estaduales no han sido acompañados hasta ahora por una modificación en los códigos penales regionales que, en la mayoría de los casos, establecen que el aborto es legal si el embarazo es producto de una violación o si la vida de la madre corre peligro.
Pero la posibilidad de acoplar los códigos a las reformas constitucionales está latente, advirtió Mejía.
México es un Estado federal, cuyas regiones tienen constituciones y códigos penales propios, si bien ninguno de esos instrumentos puede entrar en contradicción con la Constitución y el Código Penal nacionales.
Con más de 107 millones de habitantes, en este país se practican alrededor de 880 mil abortos anuales, según un estudio presentado en 2008 por el Colegio de México y las organizaciones no gubernamentales Population Council- México y Guttmacher Institute, de Estados Unidos.
La investigación precisa que en promedio se practican al año 33 abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, cifra superior al promedio que se reporta en los países en desarrollo, que es de 29 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva.
La mayoría de los abortos voluntarios se realizan en forma clandestina, incluso en los supuestos en que son legales, porque las trabas de las autoridades y de los centros de salud pública vuelven inexistente el derecho.
El diputado por el PAN del estado central de Querétaro, Fernando Urbiola, declaró a IPS que las últimas reformas a las constituciones estaduales "simplemente responden a la necesidad de ser consecuentes con la defensa de la vida humana, que empieza en la concepción".
En Querétaro, gobernado por el PAN, Urbiola preside la Comisión de la Familia en el parlamento estadual e impulsa la reforma de su Constitución, con el fin de que su texto proteja al óvulo fecundado desde su concepción. El cambio podría ser aprobado antes de finalizar el año.
Urbiola sostuvo que urge que los "no nacidos" tengan plena protección legal, como todas las personas y hasta el momento de su muerte. A su juicio, con la ola de reformas se cerraría el paso a la eutanasia y se reconocería el derecho de los hombres a mantener la vida del óvulo que fecundaron.
Sánchez, directora del GIRE, indicó que su grupo coordina con organizaciones estaduales de mujeres una serie de pronunciamientos y movilizaciones dirigidos a pedir a la Suprema Corte de Justicia que decida sobre la ola de cambios constitucionales en los estados.
"Esperamos que la Corte retome el tema para que pondere el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y su cuerpo. La Corte debe discutir nuevamente y ratificar lo que dijo", expresó Sánchez.
En agosto de 2008 la Suprema Corte respondió a una demanda de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en la capital, gobernada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, y resolvió que esa disposición no viola la Constitución.
El dictamen del máximo tribunal fue rechazado por la jerarquía de la Iglesia Católica y otros sectores conservadores.
En cambio, el gobierno de Calderón aceptó la decisión judicial, después de que a través de la Procuraduría (fiscalía) General había demandado la anulación de la ley capitalina.
El GIRE pide ahora a la Procuraduría retomar el tema, pero esta vez para presentar una controversia ante la Suprema Corte por alegada inconstitucionalidad de las reformas contra el aborto aprobadas en los estados.
De acuerdo a las leyes mexicanas, el máximo tribunal procesa casos por pedido de la fiscalía, la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos o por decisión propia.
Mejía, del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, también planteó que la Suprema Corte trate el tema, pero reconoce que será muy difícil que ello suceda en el mediano plazo.
Desde que en abril de 2007 se despenalizó en Ciudad de México el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, poco más de 20.000 mujeres ejercieron ese derecho en centros de salud públicos. De ellas, 80 por ciento provenían de otros puntos del país.
Según estadísticas oficiales, 46,9 por ciento de las mujeres que solicitaron el servicio en la capital tenían entre 18 y 24 años, 21 por ciento entre 25 y 29 y el resto 30 años o más. Cerca de siete por ciento eran menores de edad.
Además, la gran mayoría de quienes abortaron declararon ser católicas, en un país donde más de 90 por ciento de la población profesa oficialmente esa religión y cuya jerarquía rechaza tajantemente la práctica del aborto.
Mejía y Sánchez coincidieron en señalar que no tiene lógica que en México sólo ciertas mujeres tengan derecho al aborto y abogaron porque tal práctica esté disponible para todas.
Además, ambas creen que el aborto debe salir del ámbito de los códigos penales y pasar a ser considerado un asunto de salud pública.
Ninguna mujer llega a aborto con felicidad, ninguna lo busca por gusto, "eso es algo que los conservadores no quieren entender" y por eso cierran las puertas a las mujeres y sus derechos y encima las amenazan con cárcel, expresó Mejía.
Los códigos penales de los estados castigan de diferentes formas a las mujeres que se practican un aborto, siempre que no entren en los casos de violación o problemas para la vida de la madre. En algunos casos, también es un eximente la malformación fetal.
En el estado de Veracruz, por ejemplo, la pena estipulada va de seis meses a cuatro años de cárcel, en Jalisco de cuatro meses a un año, en Guanajuato de seis meses a tres años, y en Baja California Sur de dos meses a dos años.
Varias investigaciones indican que los abortos clandestinos constituyen la cuarta o quinta causa de muerte de las mujeres mexicanas y que obtener un permiso para abortar es engorroso y en muchos casos llega a ser imposible.
Tras la resolución de la Suprema Corte en 2008, Pedro Morales, asesor legal del GIRE, exhortó a los legisladores estaduales a transitar de "los regímenes prohibitivos y sancionadores del aborto a un régimen permisivo consecuente con los derechos fundamentales de las mujeres".
Sin embargo, 12 estados caminaron en sentido contrario y aprobaron cambios interpretados como antiabortistas y en otro siete pronto podría suceder lo mismo.
