Ciudad de México.- El Gobierno mexicano se prepara jurídicamente ante una eventual acción de inconstitucionalidad por las reformas legales, publicadas en la Gaceta Oficial, que permiten el matrimonio entre homosexuales.En un comunicado, la Consejería Jurídica del Distrito Federal publicó que buscará demostrar que la reforma no atenta contra la familia, sino que por el contrario amplía el reconocimiento hacia otros tipos y modelos de familia que han surgido y son una realidad en la ciudad.
En esta defensa participarán expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio de México (Colmex) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los académicos aportarán conclusiones teóricas en antropología social, sociología, psicología y demografía para fortalecer los argumentos del Gobierno mexicano y proveerles a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentos para emitir la resolución correspondiente.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestiona el tema de la posible adopción por los matrimonios gay, la Consejería razonó que de ser así se enfrentaría un caso “sui géneris” porque no se podría señalar como inconstitucional una parte de la reforma aprobada, sino el hecho de no haber puesto un candado para evitar que parejas homosexuales tengan la posibilidad de adoptar niños.
70% de los capitalinos rechaza la medida
Sin embargo la Secretaría de Comunicación Social de Iglesias Cristianas Evangélicas en México (SECOSICE) ha solicitado vetar la reforma legal que permite la adopción de menores por parejas del mismo sexo, así lo confirma la consulta que llevó a cabo el Partido de Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal, ya que según arrojó la consulta más de 70% de los capitalinos rechaza la medida.
El Rev. Fernando Marcín, director de SECOSICE, comentó que esa ley se aprobó “a la ligera y engañando a la sociedad”.
