Tamaulipas se suma a la cascada de reformas constitucionales de las diecisiete entidades federativas para penalizar el aborto, cuyas reformas contienen una redacción similar, que constituyen un riesgo peligroso contra los derechos de las mujeres y contra el Estado laico.A raíz de que la Asamblea Legislativa del DF en 2007, aprobó la despenalización del aborto estableciendo reglas claras y seguras para practicar el aborto a todas las mujeres que lo soliciten, la derecha extrema reapareció en todo el país y se dio a la tarea de empujar una contrarreforma por conducto del PRI.
Legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza presentaron en el Congreso de Tamaulipas la iniciativa para reconocer y proteger la vida desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural.
Los tricolores de la mano de los verde ecologistas, aliancistas y panistas en Tamaulipas con un discurso moralista ultraconservador de origen religioso pretenden justificar la inclusión, en la Constitución estatal, la criminalización del aborto, que contraponen el principio del Estado laico.
Derivado del oportunismo político, de un presunto compromiso con la jerarquía católica, impulsado por legisladores, se pretende reformar la Constitución local para "defender la vida" desde la concepción, sin advertir el absurdo jurídico, histórico y ético que van a consumar.
El Congreso del estado pretende hacer modificaciones que criminalicen el aborto, pasando por encima de los derechos y decisiones de las tamaulipecas. Al efecto el Artículo 4, constitucional establece: “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.
Con esta reforma de ser aprobada como seguramente acontecerá, la vida quedará protegida desde el momento de la concepción; esa protección se extiende hasta la terminación natural de la vida, y el concebido se considera como nacido para todos los efectos legales.
De concretarse esta modificación se condena a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte. La reivindicación de las causas de las mujeres, solo a ellas les corresponde el derecho de procreación de decidir sobre su cuerpo.
Ahora bien, al considerar como persona nacida al óvulo recién fecundado, la muerte de cualquier estado del producto de la concepción, ya no se incurriría en el delito de aborto sino en homicidio, sea que resulte de la interrupción del embarazo o de la disposición de material fecundado en un laboratorio.
El absurdo llegaría hasta considerar homicidas a médicos y técnicos que intervengan en maniobras de inseminación artificial por lo que respecta a los óvulos fecundados no desarrollados
De esta manera el producto, incluso antes de su implantación en la mucosa que recubre la cavidad uterina, es constitucionalmente una persona nacida con todos sus derechos.
Por otra parte la prohibición del aborto afecta sobre todo a mujeres de escasos recursos y a sus familias; impedir el acceso a este no resuelve el problema sino que agrava la vulnerabilidad de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida.
El derecho de las mujeres al acceso del aborto legal, seguro y gratuito es una demanda de justicia social, de salud pública, y una demanda por el respeto de los derechos humanos.
La reforma a la Constitución local para penalizar el derecho de las mujeres a elegir libre y voluntariamente su maternidad, lamentablemente están sustentadas en una concepción religiosa, respetable en sí misma, pero impropia y aun inadmisible en una sociedad cuya convivencia se funda en el laicismo.
Muy lamentable que las organizaciones de las mujeres del estado permanezcan con un silencio de complicidad, en estos momentos en que sus derechos humanos se ven amenazados con la reforma en ciernes.
En cambio los voceros de la ultraderecha como Martin Tofic Salem Fares presidente de la Asociación de Médicos Generales y del rector del seminario diocesano José Guadalupe Villegas, se desgañitan contra el aborto, partiendo de una concepción religiosa por cuestiones de “conciencia”.
Estas reformas violan el derecho a decidir de las mujeres, constituyen un tutelaje intolerable sobre su maternidad, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.
En definitiva las mujeres de Tamaulipas de aprobarse las reformas antiaborto, tendrían que ocurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitándole ejercer su facultad de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la legislación local, penalizadora del aborto y que limita los derechos reproductivos de las mujeres.
Fuente: La Verdad
